La Contraloría de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la responsabilidad fiscal de una funcionaria de la Secretaría Distrital de la Mujer, quien ejercía funciones de supervisión, y de un contratista de la misma entidad, encargado de apoyar esta labor, por un detrimento patrimonial indexado de $856.669.987,35, relacionado con la ejecución del Contrato Interadministrativo 1062 de 2022.