Bogotá D.C., febrero 22 de 2010.   El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, le solicitó al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, evaluar de manera pronta una nueva práctica no autorizada de captación de recursos del público por parte de contratistas estatales, detectada oportunamente por la Superintendencia Financiera, que además de comprometer seriamente el patrimonio de los inversionistas y afectar su confianza en el sistema financiero, coloca en grave riesgo la ejecución de proyectos estatales y por ende el patrimonio público.