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Duro golpe a las finanzas de Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo

El Contralor de Bogotá Juan Carlos Granados Becerra llama la atención por un nuevo artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que de aprobarse, los municipios recibirían un duro golpe a sus finanzas. Esta nueva contribución parafiscal descontaría hasta el 5 % de lo que los entes territoriales recaudan por concepto del Impuesto Predial, que es una de las fuentes de financiamiento más importantes para estas entidades ya que adicionalmente, es de las pocas rentas que se tienen de libre destinación en los distritos y municipios.

El artículo (89) titulado: ¨Contribución Parafiscal para la gestión Catastral correspondiente hasta el 5 % de todas las rentas que se recauden cuya determinación y cálculo provenga  de la utilización de la información catastral, por parte de los municipios, distritos y las autoridades ambientales, estos recursos serían destinados para la financiación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)” se discute actualmente en segundo debate en el Congreso de la República.

Para el Contralor Granados un ejemplo del riesgo que correría la ciudad se puede evidenciar en el recaudo del Impuesto Predial para el año 2018 en Bogotá que  ascendió a los $2,68 billones, de los cuales el 5 % correspondería a más de $134 mil millones lo que puede significar el presupuesto de todo el año de la Secretaría de Cultura que para el 2019 está en $143.659 millones, o casi de la misma Secretaría Distrital de Ambiente o de Gobierno o el Idartes.

“El IGAC es un establecimiento público del orden Nacional, por consiguiente su financiamiento es de exclusiva competencia del Gobierno Central y por lo tanto no puede pretenderse que este corra a cargo de las ya deterioradas finanzas territoriales y algo muy importante, es que este tipo de iniciativas, las de financiar entidades Nacionales con recursos locales ya fue estudiado por la Corte Constitucional y se pronunció en contrario, mediante la sentencia C-617 de 2002 cuando el Estado pretendió financiar los gastos de la fuerza pública con los recursos de las entidades territoriales señaló clara y expresamente esta sentencia, que estos gastos son a cargo exclusivamente del Gobierno Nacional y no de los entidades territoriales” enfatizó el Contralor Granados Becerra.

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